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Comunicado de la CCVF ante el auto de procesamiento del magistrado del juzgado central de instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional

Coordinadora de colectivos de víctimas del franquismo
Martes 2 de marzo de 2010


La Coordinadora de Colectivos de Víctimas del Franquismo (CCVF) quiere hacer público su frontal rechazo a la decisión adoptada por el magistrado del Tribunal Supremo, Luciano Varela, plasmada en un auto del día 3 de febrero, de procesar al magistrado del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional por prevaricación supuestamente cometida al incoar las Diligencias Previas 399/2006, transformadas posteriormente en Sumario 53/2008 E.

La instrucción llevada a cabo por la Audiencia Nacional respondía a las denuncias por desapariciones forzadas, en el marco de crímenes contra la humanidad, que habían sido presentadas por una serie de colectivos que, en diciembre de 2006, iniciamos el camino para exigir Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo.

El fascismo español, violando la legalidad nacional e internacional, se sublevó contra el Gobierno de la República para arrasar hasta los cimientos su obra de modernización de la estructura social y económica de España. Para llevar a cabo su propósito, los sublevados, actuando como una banda armada de elementos terroristas, llevaron a cabo un plan perfectamente sistematizado de destrucción física de sus adversarios políticos, ya que éstos iban a suponer un obstáculo para la consecución de su objetivo de atentar contra las altas instancias de la Nación, al objeto de subvertir el orden establecido.

El golpe de Estado fracasó a nivel estatal como consecuencia de la encarnizada resistencia popular, pero provocó una guerra que se convirtió en el primer acto del asalto a la democracia por parte del fascismo internacional. Por primera vez, las aviaciones nazi-fascistas bombardearon a la población civil. Desde el mismo momento del golpe de Estado, primero en los territorios en los que triunfó y a continuación en todos aquellos que iban cayendo en su poder, los golpistas cumplieron escrupulosamente su plan de exterminio, asesinando a cientos de miles de hombres y mujeres, valedores de la legalidad republicana.

Entre la documentación que los colectivos denunciantes aportamos al Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, se encontraban los listados que recogían los nombres y apellidos de todos esos hombres y mujeres, ilegalmente detenidos y asesinados, mediante ejecuciones extrajudiciales o después de consejos de guerra sumarísimos, y muchos de ellos hechos desaparecer sin dejar rastro de su paradero hasta el día de hoy. Estos listados recogían la escalofriante cifra de 152.237 personas.

El fascismo triunfante continuó su obra criminal, una vez ganada la guerra gracias al concurso de la Alemania nazi y la Italia fascista y al abandono vergonzante de las atemorizadas democracias occidentales. Destruyó cualquier foco de resistencia mediante la tortura, el trabajo esclavo, el robo de niños para separarlos de la influencia de sus padres rojos, y el asesinato. Trescientas mil personas encarceladas, quinientas mil personas forzadas a abandonar su patria y cincuenta mil niños robados a sus madres en las cárceles y secuestrados en el extranjero, dan fe de ello.

El fascismo español continuó aplastando con mano férrea cualquier intento de recuperación de la libertad y de la legalidad democrática destruida, contando con la inapreciable cobertura del contexto internacional de guerra fría. A pesar de su brutalidad, miles de españoles y españolas se atrevieron a luchar en la clandestinidad para devolvernos a todos nuestros derechos vulnerados y pisoteados. Muchos de ellos lo pagaron con largos años de cárcel y otros muchos, con su vida. Los últimos asesinatos del fascismo español tuvieron lugar el 27 de septiembre de 1975, tan solo dos meses antes de la muerte de Franco.

El sucesor directo del régimen fascista, Juan Carlos de Borbón, medió en un pacto entre élites que permitió mantener intactas las estructuras de poder político y económico para cuya construcción se había subvertido el orden constitucional cuarenta años antes. Unas estructuras de poder, por eso mismo, no solo profundamente injustas sino ilegales por estar asentadas sobre un acto delictivo fundacional: el asalto al poder por parte de una banda armada de elementos terroristas.

Necesariamente el fascismo travestido a demócrata tenía que perdonarse a si mismo. A ese siniestro objetivo sirvió la Ley de Amnistía de 15 de octubre de 1977, ley anticonstitucional puesto que en ese momento la única Constitución jurídicamente válida era la de 1931 que no podía amparar una norma que atentaba contra la legalidad internacional, acatada por ella en su articulado. Esta ley de punto final venía a perdonar a los asesinos y a santificar la jurisdicción represiva de la dictadura, dejando intacto su aparato policial y jurisdiccional, ambos cómplices de los crímenes cometidos.

El pacto de silencio de la transición se extendió como un sudario sobre la sociedad española, impidiendo que ésta recordara o conociera la verdad acerca de la feroz represión ejercida por el fascismo. Se reelaboró una versión de los acontecimientos según la cual Juan Carlos de Borbón, designado por Franco como sucesor a título de rey, y Adolfo Suárez, Ministro Secretario General del Movimiento en el último gobierno de Franco, desafiando valientemente oscuros poderes en la sombra, habían otorgado la democracia a los españoles. Había que olvidar a los cientos de miles de hombres y mujeres asesinados por defender la libertad y la legalidad republicana. No tenían cabida en esta España en la que algo había cambiado para que todo siguiera igual.

En este contexto de impunidad de los crímenes del fascismo, cuando los colectivos de víctimas presentamos las denuncias por crímenes contra la humanidad, amparándonos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, todos los poderes de este estado fallido se pusieron en guardia y se aprestaron a la defensa del statu quo. La Fiscalía, incumpliendo el mandato del artículo 124 de la Constitución de 1978 que le conmina a promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los

ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como su propio estatuto orgánico que le obliga a la protección de la víctimas, con enorme virulencia defendió la falta de competencia de la Audiencia Nacional para la investigación de esas denuncias.

Por su parte, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sin entrar al fondo del asunto, aceptó la argumentación del Ministerio Fiscal, vulneradora ella misma de la legalidad internacional.

Sin embargo, dos magistrados de esta sala, así como otros dos de los juzgados territoriales de Granada y San Lorenzo de El Escorial, no solo han compartido los argumentos del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, para aceptar la competencia, sino que han ido más lejos al razonar la inconveniencia de su inhibición.

Finalmente, para que quede meridianamente claro que el estado español no va a permitir que se haga justicia con las víctimas del fascismo criminal, del que se declara heredero jurídico, el Tribunal Supremo ha llegado al escándalo de admitir a trámite una denuncia por prevaricación contra el titular del juzgado que inició la investigación de los crímenes del franquismo, presentada por la extrema derecha, a la que le hecho entrega de los listados de víctimas que constaban en el Sumario 53/2008 E y de los datos personales de los denunciantes. ¡Cabe mayor desprecio hacia las víctimas! En el colmo de la desvergüenza, por boca del instructor Luciano Varela, el Tribunal Supremo ha dictado, contra aquel magistrado, un auto de procesamiento.

Los colectivos de víctimas del franquismo queremos romper el silencio y la farsa y denunciamos públicamente a la Fiscalía General del Estado, que ha propiciado y coadyuvado a este estado de cosas, a la Judicatura que, salvo honrosas excepciones hace dejación de su fundamental función cual es la de procurar a los ciudadanos el ejercicio de la tutela judicial efectiva, al Gobierno de España, que elaboró una ley miserable alejada del Derecho Internacional y de la conciencia de los pueblos, y al Parlamento de la Nación, que dio carta de naturaleza legal a la vergüenza.

Madrid, 5 de febrero de 2009.

Coordinadora de colectivos de víctimas del franquismo: Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, Asociación Memoria Histórica de Cataluña, Asociación Mèmoria de Mallorca, Asociación Memoria Histórica de Palencia, AREMEHISA (Asociación Recuperación Memoria Histórica Aguilar de la Frontera), Asociación Recuperación Memoria Histórica de Aragón, Asociación Recuperación Memoria Histórica Valladolid, CGT y Forum per la Mèmoria del País Valenciá.

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