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El veterano militante antifranquista Octavio Alberola presenta en Burgos una carta abierta a Ramón Jáuregui pidiendo que la Ley de Recuperación de la Memoria Histórica declare la nulidad de los sumarios y las sentencias pronunciadas por los tribunales represivos de la dictadura contra cuantos luchaban por las libertades democráticas


El veterano militante libertario y antifranquista, Octavio Alberola Surinach ha presentado en rueda de prensa una carta abierta al diputado socialista y presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Ramón Jáuregui.

Esta carta está firmada por Octavio Alberola y Antonio Martín en representación del “Grupo pro revisión del proceso Granado-Delgado” y viene a responder a la tribuna publicada por Ramón Jáuregui en El País el pasado 14 de octubre y que, este grupo, interpreta como la manifestación pública del PSOE y el Gobierno de Rodríguez Zapatero ante la apertura del debate de aprobación de la conocida como Ley de la Recuperación de la Memoria Histórica.




Octavio Alberola, de 78 años, ha sido un destacado militante en la lucha antifranquista. Coordinó el organismo llamado Defensa Interior (DI), un grupo secreto formado en 1962, por acuerdo de la CNT, la FAI y la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias para reactivar la lucha contra el régimen del general Franco. En concreto, la hipótesis sobre la que se desarrolló la labor de DI es que la muerte de Franco traería irremediablemente la democracia. Actualmente Alberola trabaja en la revisión de las sentencias de muerte de Joaquín Delgado y Francisco Granado, que viajaron a Madrid en 1963 a las órdenes del propio Alberola para preparar un atentado contra Franco. Otra acción violenta se les cruzó en el camino, ya que dos compañeros anarquistas hicieron explotar una bomba en la Puerta del Sol. Fueron precisamente Granado y Delgado los acusados por este atentado, del que lo desconocían todo y que fueron ejecutados a garrote vil tan sólo 17 días más tarde de su detención.

Octavio Alberola se encuentra hoy en Burgos para pronunciar una conferencia sobre “La revisión de la legalidad franquista. El caso Granado/Delgado” dentro de la VIII Semana Cultural Libertaria organizada por el Sindicato Único de CGT de Burgos.

A continuación se reproduce la carta, rogando la máxima difusión de la misma.


Burgos, 19 de octubre de 2006

Carta Abierta a Ramón Jáuregui :

Justicia y convivencia

En su Tribuna, del 14-10-2006 en El País, usted comienza la defensa del Proyecto de Ley del Gobierno, para –en principio- la rehabilitación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, preguntando : “¿Es posible o no que la sociedad española de hoy ajuste deudas con su historia sin romper por ello las bases de su convivencia actual y los principios de reconciliación y perdón que presidieron la transición a la democracia a finales de los setenta ?”

Pues bien, Sr. Jáuregui, tras afirmar que esta es “la cuestión nuclear del debate producido sobre la mal llamada ‘Memoria Histórica’” y después de darle muchas vueltas dialécticas a los argumentos en pro y en contra de “abrir la caja de Pandora de tan delicados y apasionados recuerdos”, su respuesta es que, a pesar de no ser “pocos ni despreciables los argumentos que recomiendan cubrir estas cuestiones bajo un discreto manto (…) no es menos cierto que han pasado treinta años desde entonces y que todavía golpean a las puertas de nuestras instituciones reivindicaciones justas y razonables”.

¡Recuérdelo Sr. Jáuregui : “reivindicaciones justas y razonables” !

A continuación usted plantea la segunda cuestión que también le parece es capital : “¿cómo debemos abordar este tema de nuestra agenda política y hasta dónde será posible atender estas reivindicaciones ?”

Pues bien, Sr. Jáuregui, también tras darle muchas vueltas dialécticas a si debe primar la "memoria histórica colectiva” sobre la “personal y familiar” y a si el reconocimiento “afecta sólo a quienes defendieron la legalidad institucional anterior al 18 de julio de 1936 y pretendieron después de la guerra el restablecimiento en España de un régimen democrático” o si ese derecho debe extenderse “a quienes sufrieron esas mismas circunstancias en el otro bando”, su respuesta es que el proyecto de ley “busca un equilibrio difícil y polémico”.

Pero, si a pesar de lo “difícil y polémico” se busca un “equilibrio”, ¿por qué le dan la primacía a “la memoria personal y familiar” y extienden la reparación “a quienes sufrieron esas mismas circunstancias en el otro bando” durante la Guerra Civil ? ¿Qué clase de equilibrio es éste ? ¿Ignoran que estas víctimas ya recibieron, colectiva e individualmente y durante 40 años, el reconocimiento institucional de parte de la dictadura franquista, y que las del otro bando, las que pretendieron “el restablecimiento de un régimen democrático”, llevan 30 años esperando el reconocimiento de parte de la Democracia restablecida ?

¿No es eso “una injusta equidistancia” ?

Sr. Jáuregui, la equidistancia habría sido justa si, al terminar la guerra, los “vencedores” (el régimen franquista) hubiesen decidido dar reconocimiento y reparación a las víctimas de los dos bandos. ¿Lo hicieron ? ¡No, sólo dieron reparación a las suyas ! ¿A qué viene pues que ustedes quieran ahora darles lo que ya tuvieron, y que, además, no lo piden ? ¿Creen que con ello conseguirán que el PP deje de oponerse a la totalidad de la ley y no sigua acusando al Gobierno y a su presidente de "radicalidad guerracivilista" ?

Usted sabe que no y que el PP seguirá oponiéndose y acusando, pues tal es su estrategia para recuperar el poder. Entonces, Sr. Jáuregui, si usted admite “que sería de justicia (…) anular cuantas resoluciones judiciales fueron dictadas en aplicación de legislaciones y de tribunales de excepción”, ¿por qué, para justificar que esa ley no lo haga, considera que hacerlo cuestionaría “todo el entramado de seguridad jurídica de 40 años de franquismo” ? ¿Qué hay de mal en cuestionar un entramado jurídico ilegal e injusto ? Además, ¿No lo cuestionó la anulación de las confiscaciones decretadas por el franquismo ? Y, sin embargo, ¿cuáles fueron las “consecuencias” de la devolución, a los partidos y organizaciones sindicales, de una parte de sus patrimonios confiscados ? ¿Por qué la rehabilitación jurídica de las víctimas del franquismo debería tener “consecuencias” graves, según usted parece temer ?

No Sr. Jáuregui, no es la anulación de las sentencias pronunciadas por los tribunales represivos de la dictadura la que no “impediría que “muchos reclamaran conocimiento de los juzgadores y quizás responsabilidades” ? Usted sabe muy bien que nada impide hacerlo hoy, que cualquier juez puede abrir una causa si lo solicitan familiares de víctimas y si quiere hacerlo como Garzón lo hizo con Pinochet. Lo que lo impide es la relación de fuerzas en el poder judicial y, sobre todo, la voluntad de las familias de las víctimas de no reclamar venganza, sólo consideración.

Usted sabe muy bien que no es “la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional” la que ha impedido que los recursos de revisión de sentencias franquistas prosperen… Usted sabe muy bien que es la mayoría conservadora en ese tribunal y en el Supremo la que no lo permite. Sin embargo, hay magistrados que han presentado votos particulares denunciando la ilegalidad del régimen franquista y la ausencia de garantías procesales en sus tribunales encargados de la represión. Además, usted mismo lo reconoce, puesto que a continuación agrega : “y en todo caso creo que antes de abrir la vía jurídica para la revisión de miles de esos casos nos lo deberíamos pensar serenamente.”

Pues bien Sr. Jáuregui, piénsenlo serenamente y admitan que no se trata de revisar “individualmente miles de sumarios sobre hechos acaecidos en tiempos tan lejanos”. Nadie quiere ni pretende eso. Todo lo contrario. Se trata simplemente de que el Parlamento, que se supone es el depositario de la soberanía popular, declare la nulidad de los sumarios y las sentencias pronunciadas por los tribunales represivos de la dictadura contra cuantos luchaban por las libertades democráticas que hoy son constitucionales. Pues sólo así se hará justicia a las víctimas de la represión franquista, las únicas que aún esperan consideración y reparación, y se pondrá fin a 30 años de olvido, de vergüenza y deshonor de la Democracia que instauraron los que hicieron la Transición.

Efectivamente, como usted dice : “La reconciliación de la transición no nos obliga al olvido. La memoria sin ira, sin afanes vengativos no abre, sino cierra las heridas de la historia”. Por eso, Sr. Jáuregui, no olvide que es la justicia la que nos hará “más fuertes en los fundamentos de nuestra convivencia”, puesto que sin justicia no hay democracia. ¡La Dictadura nos lo recordó durante 40 años !

Sí, Sr. Jáuregui, la justicia es la que hace posible una convivencia digna. Por ello, como ya se lo dijimos en mayo, si el Grupo socialista apoya una Resolución institucional para rehabilitar plenamente a las víctimas del franquismo, las familias Granado y Delgado retirarían el Recurso de revisión que está en instrucción final en el Tribunal Supremo. No sólo porque para ellas es tan importante la "memoria histórica colectiva” como la “personal y familiar”, sino también para sentar un precedente, moral y jurídico al ser la única revisión que -pese a su “doctrina jurisprudencial”- el Tribunal Constitucional ha validado.

De ustedes depende que se ponga fin a 30 años de vergüenza y deshonor. Las víctimas del franquismo y una gran parte de la opinión pública no se los perdonarían. No nos obliguen a responsabilizarles de una tal cobardía e indignidad.

Atentamente

Octavio Alberola / Antonio Martín
Grupo pro revisión del proceso Granado-Delgado

 

 





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