Unas 1.400 familias españolas reclaman el dinero que les fue incautado durante el franquismo

Unas 1.400 familias solicitan recuperar el dinero que les fue incautado a partir de 1938 y hasta bien entrada la posguerra. Todas ellas se han agrupado en la Agrupación de Perjudicados por la Incautación Franquista que, desde hace un par de años, recoge copias de todos los recibos que se emitieron entonces y que certificaron oficialmente el dinero que tuvieron que entregar dichas familias.


"Muchos somos catalanes porque en esta comunidad la asociación ha tenido mucha repercusión mediática", aseguró en declaraciones a Europa Press una de las impulsoras de dicha entidad, Lidia Jiménez.

A los abuelos maternos de Lidia les incautaron un total de 1.365 pesetas. Este recibo, expedido en la localidad de Cercs (Barcelona), lo recibió como dote la madre de Lídia, Montserrat Capdevila, que hoy tiene 77 años y que desde los años 60 ha acudido en continuas ocasiones al Banco de España para intentar cobrarlo.

"La respuesta siempre ha sido la misma, que aún no tocaba", precisó Jiménez, quien indicó que la reivindicación de la asociación es sumar fuerzas y reclamar a las autoridades que reconozcan la confiscación y se les restituya el dinero con un valor actualizado al curso. Estiman que una peseta de la época equivaldría a día de hoy a 1,5 euros.

EL DINERO DEL "ENEMIGO"

En plena Guerra Civil, concretamente en el año 1938, un decreto del Ministerio de Hacienda del gobierno franquista, con sede en Burgos, ordenó la prohibición de "la tenencia de papel moneda puesto en curso por el enemigo", según reza el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 1938.

Esta orden gubernativa, además, ordenaba la incautación del papel moneda impreso por el Gobierno Republicano a partir de 1936, que también pusieron en circulación algunos ayuntamientos situados en territorio republicano e incluso cooperativas. Con esta finalidad, se creó el "Fondo de Papel Moneda puesto en Circulación por el Enemigo", de acuerdo con un decreto del Ministerio de Economía franquista.

Vecinos de toda España tuvieron que entregar sus ahorros al Banco de España, entidades bancarias privadas y a los Ayuntamientos, y nunca cobraron la cantidad abonada. Eso sí, todas ellas recibieron un recibo oficial donde se certificaba la cantidad entregada.

"PEDIMOS JUSTICIA"

"Pedimos justicia, que a los perjudicados se nos devuelva el dinero incautado", recordó Jiménez. La entidad en la que participa lleva años recogiendo copias de los recibos, y también recibe llamadas de personas que recuerdan haber visto un documento similar en casa pero que ya no lo tienen. "En este caso es muy difícil hacer algo", puntualizó Jiménez.

En total, la Asociación agrupa a 1.400 familias, de las cuales la mayoría son catalanas, sobre todo de Barcelona y de las comarcas centrales de Catalunya como el Bages. Hay aproximadamente unas 500 familias del resto del Estado. "Incluso tenemos casos de emigrantes españoles en Colombia, Francia y Uruguay, que se llevaron consigo el recibo", añadió Jiménez.

"También nos han llegado casos de personas a las que les incautaron viviendas, camiones y hasta dos vehículos nuevos", añadió Martínez, quien expresó su confianza de poder recuperar la cantidad que sus ascendientes entregaron coincidiendo con el proyecto de Ley de Memoria Histórica.

En este sentido, aseguró que la Asociación cuenta con el apoyo de los grupos de CiU y ERC en el Congreso, que han tramitado solicitudes sobre la materia.

"NOS QUEDAMOS SIN NADA"

Conxita Sanmartín, una mujer de 53 años que reside en Parets del Vallès (Barcelona), recordó a Europa Press que sus abuelos maternos, que vivían en un pueblo de la provincia de Cuenca, tuvieron que entregar todos sus ahorros, "más de 14.000 pesetas".

"Nos quedamos sin nada", expresó Sanmartín, quien añadió que, pese a haber ido a entidades financieras, nunca han logrado cobrar el recibo. "No tengo mucha esperanza de que cobremos el dinero, lo veo un poco mal", indicó Sanmartín.

"PASAMOS UNOS AÑOS MUY MALOS"

Más positiva se mostró Maria Casals, una mujer de 71 años residente en Sant Vicenç de Castellet (Barcelona). "Tenía uno o dos años cuando a mi madre le obligaron a entregar en 1939 todos sus ahorros", recordó Maria en declaraciones a Europa Press, quien recordó que, en aquellos momentos, su padre estaba en un campo de concentración.

"No teníamos nada, pasamos unos años muy malos", expresó Maria, que siempre guardó en casa el recibo. "Un día vimos por televisión que hablaban del caso y recordamos que teníamos el recibo", Maria, quien agregó : "En el pueblo donde vivo hay gente con la misma situación pero que no se atreve a decir nada porque tiene miedo". "Se tiene que reconocer la injusticia que nos hicieron", concluyó.

La Asociación de Perjudicados por la Incautación Franquista asegura que piensa seguir batallando para lograr su propósito. Durante los últimos años, se han dirigido a todas las autoridades y partidos políticos, además del Defensor del Pueblo y del Síndic de Greuges de Catalunya.

Redacción / EP

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